Marco Tosatti
Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, os presentamos este comentario publicado por Infosannio —a quien agradecemos su amabilidad— sobre la iniciativa parlamentaria que, en nuestra opinión, constituye el ataque más grave a la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión que se haya producido en nuestro país desde el fin del régimen fascista. Esperamos que disfrutéis de la lectura y que la difundáis.
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Estará prohibido comparar a Netanyahu con los nazis y acusar a Israel de “racismo” o “apartheid”
Controles confiados al Ministerio del Interior
((por Alessandro Mantovani – ilfattoquotidiano.it) – El antisemitismo ya está castigado en Italia por el llamado decreto Mancino –122 de 1993, convertido en Ley nº 205 de 1993– para la prevención y represión de delitos de odio, de discriminación y de violencia por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos. El proyecto de ley en discusión en la Cámara de Diputados y ya aprobado por el Senado, en el art. 1, párrafo 2, establece que, “considerada la singularidad histórica del fenómeno y sus consecuencias, se adopta la definición operativa de antisemitismo formulada por la Asamblea Plenaria de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) el 26 de mayo de 2016, incluyendo los indicadores relacionados necesarios para la aplicación de la ley misma”.
Esta es la definición: “El antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como odio hacia ellos. Las manifestaciones retóricas y físicas de antisemitismo están dirigidas contra individuos judíos o no judíos y/o contra sus propiedades, instituciones comunitarias y lugares de culto”. Va acompañada de una serie de once ejemplos prácticos –siete de los cuales se refieren a Israel y al conflicto israelí-palestino, no a los judíos– para ayudar a identificar comportamientos antisemitas. Entre estos encontramos formulaciones obvias como “incitación al odio o a la violencia contra los judíos” o “la negación del Holocausto“, pero también otras mucho más cuestionables como “negar al pueblo judío el derecho a la autodeterminación, por ejemplo argumentando que la existencia del Estado de Israel es una empresa racista”. O también “hacer comparaciones entre la política actual israelí y la de los nazis”. La cuestión de la autodeterminación es delicada: se podría incluir en la definición de la IHRA el simple deseo de un Estado binacional en el territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, o el uso de un término como “apartheid” que presupone el racismo. Y se podría considerar prohibido también el uso de expresiones como “campo de concentración” en relación con el trato infligido por las fuerzas militares israelíes a los palestinos.
Existe otra definición de antisemitismo, llamada de Jerusalén y firmada en 2021 por cientos de académicos contra las ambigüedades de las formulaciones anteriores: “El antisemitismo es discriminación, prejuicio, hostilidad o violencia contra los judíos como judíos (o contra personas o instituciones judías en tanto judías)”. Aquí también se dan ejemplos concretos, 15 en total, menos centrados en la cuestión israelí-palestina. Los últimos 4 son definiciones de lo que no puede ser considerado antisemita en sí mismo: “la crítica a Israel como Estado”, “el antisionismo”, “el boicot”, es decir, las campañas y el movimiento de “boicot, desinversión y sanciones” (BDS) contra el Estado de Israel, siempre que se basen en motivaciones políticas y de derechos humanos y no en el odio hacia las personas judías.
No sólo eso: los juristas autorizados creen que cuando la definición adoptada por la ley sea la de la IHRA, será posible —para un particular, una comunidad judía, un cuerpo policial e incluso un fiscal— utilizarla como requisito previo para la persecución penal bajo el decreto Mancino ya vigente.
El proyecto de ley en discusión asigna al Ministerio del Interior y a las fuerzas policiales la tarea de monitorear el antisemitismo tal como está definido por la ley. También prevén monitoreos específicos para las escuelas y para las universidades. Cabe destacar lo que ha ocurrido en países como Alemania y el Reino Unido, donde se ha adoptado administrativamente la definición de la IHRA, sin necesidad siquiera de nuevas leyes: se han iniciado cientos de procedimientos administrativos contra profesores y estudiantes por sus declaraciones y escritos contra las políticas de Israel y a favor de los palestinos, algunos profesores incluso han sido despedidos, un gran número de manifestaciones y conferencias han sido canceladas o prohibidas de antemano. En muchos casos, la posterior intervención de los jueces ha anulado las medidas o eliminado las consecuencias más graves, pero la acción administrativa funciona muy bien como disuasorio. En Alemania, el Congreso Palestino en Berlín en 2024 fue bloqueado y disuelto por la policía, el movimiento BDS fue prohibido, la entrada al país e incluso las conexiones remotas han sido prohibidas, o se cancelaron conferencias con la exministra griega Yanis Varoufakis, con la relatora especial de la ONU Francesca Albanese y con la filósofa judía estadounidense Nancy Fraser.
Publicado por Marco Tosatti e italiano el 30 de setiembre de 2026, en https://marcotosatti.com/2026/
Traducción al español por: José Arturo Quarracino
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